Libertad de Prensa vs Seguridad Nacional: ¿Un falso dilema?

19 de octubre de 2013
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Gary Pruitt
Presidente y CEO, The Associated Press
Discurso ante la Sociedad Interamericana de Prensa
Denver


(english version | versão em português)

Buenas tardes,

Me siento honrado de haber sido invitado a dirigirme hoy ante ustedes por una serie de razones.

La AP tiene una larga y rica historia en América Latina. Muchos no se dan cuenta que nosotros empezamos a operar en América Latina hace 167 años, cuando Moses Yale Beach, director-gerente del diario The New York Sun, creó un servicio de transmisión de noticias de la guerra que entonces libraban Estados Unidos y México. Los despachos noticiosos salían del puerto de Veracruz en barco y llegaban a Mobile, Alabama, desde donde se llevaban a caballo a Montgomery, Alabama. Desde allí, salían en una diligencia a la oficina de telégrafos más cercana a Nueva York. Al servicio se unieron una serie de periódicos de este país y, así, Beach creó de The Associated Press.

La AP siguió cubriendo América Latina después la guerra, por supuesto, y en 1919 oficialmente empezó a enviar los despachos informativos a los periódicos de la región.

Hoy, la AP cuenta entre sus clientes más valiosos e importantes a muchos miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Más de 450 periódicos y televisoras de América Latina cuentan con el servicio de texto, foto y video de la AP. Y les damos las gracias por ello. La AP está comprometida a continuar ofreciendo la cobertura y los servicios que ustedes más necesitan, y cuyo reporte sigue siendo el más confiable de todos.

En ese sentido, estamos reforzando nuestra cobertura en video, hemos contratado a más camarógrafos, y hemos hecho una prioridad el reporte de noticias de texto que sale en la madrugada, tanto en términos de velocidad como de volumen, porque sabemos que ustedes así lo pidieron y lo valoran. Y me alegra decirles que ahora contamos con video para nuestros clientes del servicio ‘Spanish Online’. Esto proporcionará una gama más amplia de vídeos para sus operaciones digitales y móviles; algo que ustedes también han estado pidiendo. Más detalles al respecto serán conocidos pronto.

Y hemos hecho un compromiso y esfuerzo por tener una cobertura noticiosa única y relevante para la región.

Nuestro corresponsal en Honduras, Alberto Arce, por ejemplo, es el único periodista que trabaja y cubre para una agencia de noticias internacional lo que ocurre en esa nación. En una serie de historias y reportajes de investigación que nos hizo acreedores de varios prestigiosos premios de periodismo, lo que generó atención internacional, Arce, asumiendo grandes riesgos personales,  ha documentado los problemas de violencia e inestabilidad que, día a día, enfrentan los hondureños. Sus historias fueron publicadas en los medios de comunicación de Honduras y América Latina.

Tan importante como la larga relación de negocios que tenemos con los miembros de la SIP, también lo son los valores periodísticos que la AP comparte con ustedes: la precisión, la objetividad, la transparencia, la responsabilidad informativa, la necesidad de luchar contra las extralimitaciones del gobierno, y la misión de hacer responsables a las instituciones por sus acciones. Estas funciones son vitales para una democracia. Pero hoy están bajo amenaza en toda la región y el mundo.

Y de eso es lo que quiero hablar con ustedes hoy.

Al igual que de ustedes, la AP tiene una larga historia de lucha por la libertad de prensa y acceso a la información así como un compromiso con la precisión y la independencia noticiosa. A lo largo de nuestra historia de 167 años, 31 periodistas han perdido su vida en la búsqueda de noticias. Muchos de ustedes, lo sé, enfrentan tremendos retos en el cumplimiento de su misión que, francamente, hacen que lo que vivimos en este país palidezca en comparación con lo que ustedes enfrentan.

La Primera Enmienda, consagrada en la Constitución de Estados Unidos, ofrece a los periodistas en este país protecciones que muchos de los países de la región no tienen. Sin embargo, esos derechos fueron amenazados en un incidente hace pocos meses.

Permítanme recapitular lo que pasó, cómo se resolvió y las implicaciones que tuvo el episodio para todos nosotros.

El siete de mayo del año pasado, la AP publicó una historia sobre un atentado que iba a perpetrar una filial de Al Qaida en Yemen y que fue frustrado. Al Qaida planeaba usar una nueva y sofisticada bomba para destruir un avión cuyo destino era los Estados Unidos. Nuestra historia reveló que la CIA frustró el ataque, y que éste fue planeado para que coincidiera con el aniversario de la muerte de Osama bin Laden.

Ahora, se trataba de una verdadera exclusiva que consiguieron dos veteranos periodistas de la AP que cubren seguridad nacional y que ganaron el año pasado el Premio Pulitzer en la categoría de periodismo de investigación.

La transmisión de la noticia no constituyó una sorpresa para el gobierno de Estados Unidos. Tal como reportamos en la noticia misma, la AP retuvo su transmisión, a solicitud del gobierno, durante cinco días pues una delicada operación todavía estaba desarrollándose. Sólo después de que el gobierno nos asegurara que sus preocupaciones sobre la seguridad del operativo habían desaparecido, transmitimos la historia.

La primicia fue importante por sus propios méritos: ¿acaso los estadounidenses no tienen el derecho y la necesidad de saber que un ataque de este tipo se está tramando y que su gobierno fue capaz de evitarlo?

Pero la historia también cuestionó un comunicado de la Casa Blanca.

Dos semanas antes, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo lo siguiente: "No tenemos ninguna información creíble de que organizaciones terroristas como Al Qaida, estén planeando ataques contra Estados Unidos que coincidan con el aniversario de la muerte de bin Laden".

Y aquí estaba la exclusiva de la AP, el hecho de que la CIA estuvo involucrada en frustrar precisamente ese complot. Resulta que la persona que iba a llevar la bomba era, en realidad, un agente doble que trabaja para la CIA, los saudíes y los británicos.

La historia recibió amplia atención y poco después el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que iba a iniciar una investigación sobre la filtración y nombró a un fiscal estadounidense para que la encabezara.

Ahora, vayamos un año después.

En mayo de este año recibimos un correo electrónico del Departamento de Justicia que nos informaba que había tomado, de manera secreta, los registros de llamadas de 21 líneas telefónicas de la AP en un período de 40 días alrededor de la fecha en que nuestra exclusiva fue transmitida. En mayo yo estaba en América Latina visitando a clientes, a las oficinas de la AP y viajando de Ciudad de México a Río de Janeiro y luego a Sao Paulo, antes de volver a casa.

Las líneas telefónicas de nuestro equipo de investigación no fueron las únicas que fueron intervenidas. También estaban los números generales de la oficina, donde trabajan unos cien editores y reporteros. Miles de llamadas telefónicas fueron intervenidas, según nuestros cálculos.

Esta intrusión sin precedentes en nuestros archivos sobre el trabajo de recopilación de noticias de la AP por parte de funcionarios del gobierno fue tan amplia, tan extralimitada y tan secreta, que violó la protección que nos confiere la Primera Enmienda.

Ahora, no discutimos que el gobierno tenga el derecho a perseguir a quién filtre información secreta. Este gobierno ha procesado a informantes como ningún otro en la historia de este país.

Pero el Departamento de Justicia tiene reglas acerca de los requerimientos judiciales que se hacen a la prensa. Estas normas se remontan a la época del escándalo de Watergate y exigen que cualquier solicitud deba ser “lo más precisa que sea posible”.  También exige a las autoridades que notifiquen a los medios de comunicación sobre cualquier requerimiento con suficiente antelación, para que les dé tiempo de apelarla ante la justicia, a menos que al hacerlo sustancialmente se ponga en peligro el desarrollo de la investigación.

En la interceptación de los registros telefónicos de la AP, los jefes del Departamento de Justicia violaron sus propias normas de conducta.

En primer lugar, la citación a la AP no era tan precisa como habría podido ser: fue demasiado amplia. Los registros telefónicos interceptados no incluían solamente los números telefónicos del trabajo, los celulares y las casas de los periodistas, sino también los números de las oficinas de la AP en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut), y el número principal de la AP en la oficina de prensa de la Cámara de Representantes. Los registros intervenidos incluían las llamadas entrantes y salientes.

Esto no fue una operación quirúrgica dirigida a pocos y certeros objetivos cuidadosamente seleccionados, sino que más bien se trató de una expedición amplia, sin la debida pericia y con destino a una amplia gama de periodistas de la AP; la mayoría de los cuales no tenía nada que ver con los temas en cuestión.

Las intervenciones de los registros telefónicos de la AP pueden parecer de menor importancia a la luz de las noticias de que la Agencia de Seguridad Nacional ha recaudado registros telefónicos de personas de todo el país y que ha seguido a líderes de otros países; un tema que sé que es motivo de preocupación para muchos de ustedes. Sin embargo, este caso es diferente. El gobierno no estaba recopilando los registros telefónicos de la AP para grabarlos en una base de datos. Ellos contaban con un equipo especializado de fiscales que estudiaba detenidamente esos registros con el fin de identificar las fuentes de información de la AP. Y, al hacerlo, tuvo acceso a la información sobre la manera reporteamos y recopilamos las noticias, que es lo que protege la Primera Enmienda; este tipo de intrusión precisamente.

La segunda manera en que el Departamento de Justicia violó sus propias normas fue con la ejecución de la orden judicial, sin que se hubiera notificado previamente a la AP, lo que significó que no pudimos apelar ni tener una revisión judicial de la citación. Ellos argumentaron que una excepción legal aplicaba en este caso y que al notificar a la AP perjudicaría sustancialmente el desarrollo de su investigación.

Pero, ¿cómo puede ser esto cierto? Para empezar, no hay manera de que la AP pudiera alterar los registros telefónicos que están en poder de un tercero: las compañías telefónicas.

El Departamento de Justicia también argumentó que si se notificaba a la AP de la orden de interceptación de los registros, se hubiera alertado al informante. Pero el informante seguramente ya sabía de la investigación pues el director del FBI, Robert Mueller, la anunció públicamente nueve días después de nuestra historia fuera transmitida.

Más aún, este tipo de razonamiento -que al notificar a los medios se alerte a los informantes de investigaciones que son públicas- se podría aplicar por extensión a cualquier caso. A los medios, por tanto, nunca se les notificaría sobre las indagaciones y los tribunales nunca se involucrarían en estos casos. La excepción, entonces, se convertiría en la regla.

Si el Departamento de Justicia nos hubiera notificado su requerimiento, el alcance de la citación podría haberse precisado. Si no hubiéramos llegado a un acuerdo, entonces un tribunal habría podido decidir qué era lo correcto. Pero nunca hubo esa oportunidad. En cambio, la justicia actuó como juez, jurado y verdugo... y en completo secreto.

Ellos pudieron haber actuado de buena fe. Pero, de ser así, sospecho que se centraron tanto en quién filtró la información que pasaron por alto las implicaciones que su comportamiento podría tener sobre la Primera Enmienda.

La indignación en contra del accionar del Departamento de Justicia fue rápida, fuerte y generalizada. Repasando el tema ahora, creo que el propio Departamento de Justicia fue sorprendido por la respuesta.

Muchos de ustedes cubrieron la historia y se pusieron de pie para expresar su preocupación, lo que la AP agradece enormemente. Los medios de comunicación sopesaron lo que pasó, al igual que el público. Republicanos y demócratas ondearon la bandera de la Primera Enmienda ante la Casa Blanca. ¡Parece que lo único en lo que se han puesto de acuerdo los congresistas de Estados Unidos es en el tema de la interceptación e incautación de los registros telefónicos de la AP!

De inmediato, exigimos que se tomarán acciones en varios frentes, entre ellos que el Departamento de Justicia salvaguardara los registros interceptados para prevenir cualquier uso erróneo o doloso que se puede hacer con esa información en su poder. El Departamento de Justicia nos aseguró que nuestros registros telefónicos serán protegidos y que sólo serán utilizados con el único propósito señalado en la investigación. Pero eso no es suficiente para evitar que algo así vuelva a suceder.

La AP también pidió que las directrices que rigen esas investigaciones fueran actualizadas y fortalecidas, y que la administración tome medidas enérgicas para asegurar que las protecciones para los periodistas sean ampliadas.

Para crédito de ellos, la Casa Blanca actuó con rapidez. El presidente Obama pidió al Departamento de Justicia revisar y actualizar esas directrices y el fiscal general, Eric Holder, convocó a periodistas, abogados y a otros expertos para reformularlas completamente de manera que satisfaga las demandas de casi todos los que trabajan en la AP así como las de la industria, que pidió que se promulgará una  legislación que logre estos objetivos. Estamos muy contentos con las modificaciones propuestas. Si ya hubieran existido estas reformas creemos, para empezar, que el Departamento de Justicia no habría sido capaz de interceptar y obtener los registros telefónicos de manera secreta, como lo hicieron.

En las directrices que ya fueron reformadas y actualizadas, el Departamento de Justicia determinó que se debe notificar previamente las órdenes judiciales dirigidas a los medios de comunicación en todos los casos, salvo las más excepcionales circunstancias. Esto es fundamental porque le da la oportunidad a la prensa de impugnar las órdenes que se emitan ante una corte. El Departamento de Justicia también mejoró las directrices al incorporar las protecciones adicionales a todas las formas de comunicación, incluyendo los correos electrónicos y los mensajes de texto. El Departamento de Justicia aclaró aún más que no va a enjuiciar a ningún periodista por hacer su trabajo.

Nos complace que el Departamento de Justicia haya tomado nuestras preocupaciones en serio y que haya tomado los primeros pasos, que son críticos, para proporcionar una mayor protección a los periodistas en toda la industria. Las directrices proporcionan una mayor protección a los periodistas de lo que los tribunales históricamente han proporcionado, por lo que tenemos razones para ser optimistas. Pueden ustedes estar seguros de que estaremos observando todo este proceso de cerca para asegurarnos de que estos lineamientos se apliquen y se cumplan.

Mientras tanto, el escándalo sobre la interceptación de los registros telefónicos ha dado un nuevo impulso para la aprobación de una ley “escudo” que proteja a todos los periodistas. El mes pasado, una comisión clave del Senado votó favorablemente su aprobación y la Casa Blanca también ha expresado su apoyo a la legislación.
Eso no garantiza su expedición como ley, por supuesto, pero tenemos esperanza.

No obstante, la interceptación e incautación secreta de nuestros registros telefónicos por parte del  Departamento de Justicia fue una de las más flagrantes violaciones de la Primera Enmienda con las que la AP ha tenido que lidiar. Y su impacto va mucho más allá de los detalles de este caso.

Lo que he escuchado de periodistas a lo largo y ancho de Estados Unidos es alarmante. Fuentes cultivadas desde hace mucho tiempo y que son de entera confianza han expresado nerviosismo por hablar con nosotros, incluso en historias que no están relacionadas con la seguridad nacional.

Los empleados del gobierno con los que hablábamos con regularidad ya no lo hacen vía telefónica con nosotros. Otros se han mostrado reacios a vernos en persona.
Y les puedo decir que todos estos escalofriantes efectos que hemos tenido en la recolección de los hechos y las noticias no se limitan a los periodistas de la AP. Los reporteros de otros medios me han dicho personalmente que las acciones del Departamento de Justicia han intimidado a sus fuentes, oficiales y no oficiales, al momento de hablar con ellos.

Ahora, al gobierno le puede gustar esto. Pero tengan cuidado de un gobierno que ama tanto la secrecía y los secretos.

También hemos aprendido algunas lecciones importantes:

  • En primer lugar, hemos aprendido la importancia de contar con un sólido conjunto de principios periodísticos y valores y el atenernos a ellos.

  • En segundo lugar, que la larga historia de la AP en la defensa vigorosa y exitosa de la Primera Enmienda y en oponerse a las extralimitaciones del gobierno, y apoyar a quienes lo hacen, significó que nos tomaran en serio. El Departamento de Justicia sabía que no íbamos a echar marcha atrás y que no nos íbamos a conformar guardando silencio.

  • Y aprendimos cómo nuestro historial periodístico de precisión, objetividad, de ser justos nos ayudó al momento de hacer un llamado para que el gobierno rindiera cuenta de sus acciones y su transparencia. Nuestra independencia, no tener ninguna afiliación con el gobierno, no tener ningún punto de vista político, y que nuestro centro de atención único sea las noticias, significó que tuviéramos ganados muchos partidarios. Nuestra propia apertura y transparencia reflejaban lo que le estábamos pidiendo al gobierno.

Lo que esto nos muestra es la necesidad de mantenernos firmes en nuestra misión fundamental de hacer un periodismo responsable, adherirnos a nuestros valores y defender enérgicamente la Primera Enmienda.

También nos muestra que ninguno de nosotros puede bajar la guardia. El ataque contra el periodismo -acá en Estados Unidos y el resto del mundo- no cesará en el corto plazo. De hecho, será aún más difícil de combatir cuando la tecnología ofrece a los gobiernos herramientas cada vez más potentes para controlar las acciones y comunicaciones de sus ciudadanos. La libertad de prensa tiene que desempeñar un papel constante e integral como organismo de control de las extralimitaciones del gobierno.

Creo que la interceptación e incautación de los registros telefónicos de la AP por parte del gobierno ha resonado más allá de las costas estadounidenses. La libertad de prensa, como está consagrada en la Constitución de Estados Unidos, ha sido un modelo y una aspiración por parte de las naciones y pueblos de todo el mundo. Las acciones adoptadas por el Departamento de Justicia no podrían haber sido confeccionadas más a la medida de los regímenes autoritarios que quieren reprimir a sus medios de comunicación. “En los Estados Unidos también ocurre" pueden decir.

Sin una prensa libre y sin restricción alguna, el público oirá solamente lo que el gobierno quiere que oiga.

Nadie sabe esto mejor que ustedes. Hace casi una década, muchos de ustedes se reunieron en la Ciudad de México para ayudar a crear un compromiso único y poderoso: la Declaración de Chapultepec. A pesar de sus diversos orígenes y culturas, ustedes se unieron para hacer patentes verdades comunes acerca de la libertad, entre ellos el que la verdadera libertad y democracia dependen de la libertad de prensa. Y que ningún periodista o periódico deberían ser sancionados por difundir la verdad o por formular críticas al gobierno.

Una prensa libre e independiente es fundamental para que una democracia funcione. Eso es lo que diferencia a una democracia de una dictadura; lo que separa una sociedad libre de una tiranía. Los gobiernos que tratan de crean una disyuntiva en la que los ciudadanos piensen que deben elegir entre una prensa libre o la seguridad nacional están cometiendo un error que a la larga los debilitará, no los fortalecerá.

No es un dilema real. Es un falso dilema.

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